Toluca, Estado de México.—Fue en 2024 cuando periodistas mexiquenses comenzaron a unir voces y voluntades para impulsar una causa común: construir una legislación que garantice mejores condiciones para ejercer el periodismo y proteja a quienes, todos los días, tienen la tarea de informar a la sociedad, así nació la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México, un esfuerzo que, desde su presentación, abrió el camino hacia la revisión de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
En el Salón Benito Juárez de la Cámara de Diputados estatal se celebró el encuentro que marcó el inicio de esta ruta, periodistas de distintas regiones y medios de comunicación coincidieron en que la legislación vigente, aprobada en mayo de 2021, requería modificaciones para responder a los riesgos y necesidades reales del gremio. La propuesta no se limitó a exigir protección ante amenazas y agresiones, también puso sobre la mesa la seguridad social, la capacitación, las condiciones laborales y el reconocimiento de la función social de la prensa.
Durante aquella primera reunión, la diputada LuzMa Hernández Bermúdez llamó a las instituciones y a la sociedad a trabajar por entornos seguros para el ejercicio periodístico, mientras que Alejandro Carrillo Segovia, director de la revista Péndulo e impulsor de la iniciativa, destacó la necesidad de establecer reglas claras que fortalezcan el vínculo entre los medios y la ciudadanía. A su vez, la periodista Aline González, directora de Entretanto MX, expuso los riesgos particulares que enfrentan las mujeres periodistas, entre ellos el acoso, la intimidación y la violencia física.
También se planteó la creación de un censo estatal y una cédula de identidad periodística mediante herramientas digitales que permitieran acreditar a los comunicadores y proteger sus datos personales. En la presentación de esta iniciativa, Celeste Ramírez Hernández, representante de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comenzó un proceso de diálogo destinado a reunir propuestas y presentarlas ante el Poder Legislativo.
Lo que empezó como una convocatoria gremial fue tomando forma en los encuentros posteriores. En Texcoco, durante el primer Foro de Análisis de Reformas a la Ley, la discusión se amplió hacia la profesionalización, la ética y las condiciones laborales. La comunicadora Margarita Neyra propuso facilitar el acceso de periodistas a servicios de salud, fortalecer los códigos de ética, transparentar la asignación de recursos publicitarios y establecer redes de protección con mecanismos de alerta. La capacitación continua también se convirtió en una prioridad frente a los cambios tecnológicos.
El segundo foro, realizado en Tlalnepantla, puso el foco en la transformación digital, la inteligencia artificial y la desinformación. Alejandro Carrillo Segovia propuso impulsar becas, diplomados y convenios con universidades para que los periodistas pudieran actualizar sus conocimientos sin que la falta de recursos fuera un obstáculo. Paty Venegas, periodista de El Sol de Toluca, destacó la necesidad de fortalecer la ética, la especialización y el acceso a formación de calidad.
En ese encuentro se instaló, además, un módulo de afiliación de IMSS-Bienestar, como parte de las gestiones relacionadas con una de las demandas centrales del gremio: el acceso a servicios de salud. Una exposición de cartones del maestro José Velasco, “Tarín”, y una muestra fotográfica de Mario Vásquez sobre la pandemia acompañaron la jornada, en la que las propuestas comenzaron a relacionarse con acciones concretas.
La ruta continuó en Chalco, sede del tercer foro, allí, periodistas, autoridades y organizaciones civiles discutieron la necesidad de distinguir claramente entre periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues sus actividades y riesgos requieren respuestas específicas. Gabriela Hernández Yáñez, del portal Reportando en Minutos, y Mario Andrés Hurtado, asesor de Espacio OSC, abordaron la importancia de incorporar esta diferenciación en la legislación.
La cédula de identidad periodística volvió a ocupar un lugar relevante, junto con la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y capacitar a los cuerpos policiales. Durante el encuentro también se informó de la inscripción de 55 personas a un curso gratuito de inteligencia artificial, como parte de los esfuerzos de formación vinculados con la iniciativa.
El cuarto foro regresó al Salón Benito Juárez de la Legislatura mexiquense, la discusión se concentró en la inclusión, la evaluación de los mecanismos de protección y la construcción de una reforma estructural.
Raúl García Víquez, representante de la iniciativa, informó sobre acciones como capacitaciones en 15 municipios, convenios interinstitucionales y solicitudes de protección atendidas.
La periodista Veneranda Mendoza advirtió que la reforma no debía quedarse en cambios superficiales y señaló pendientes relacionados con la seguridad social, la protección laboral y el acceso a defensa jurídica. También se planteó la necesidad de incluir a periodistas independientes, indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y trabajadores freelance, cuyas condiciones laborales pueden dificultar el acceso a mecanismos de protección.
Desde aquella presentación de 2024 hasta los foros de análisis desarrollados en 2025, la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México construyó un espacio de participación gremial y reunió propuestas para integrar un documento de reforma destinado a la LXII Legislatura.
A poco más de dos años del arranque de este esfuerzo, el reto sigue siendo convertir las demandas en garantías efectivas. La protección no depende únicamente de modificar una ley, sino también de contar con presupuesto, coordinación institucional, protocolos eficaces y mecanismos de evaluación que permitan conocer sus resultados.
La historia de esta iniciativa es, ante todo, la de un gremio que decidió organizarse para exigir condiciones dignas y seguridad en el ejercicio de su profesión, lo que comenzó con más de cien periodistas reunidos alrededor de una propuesta hoy plantea una discusión que involucra a toda la sociedad: garantizar que quienes investigan, documentan y comunican los acontecimientos puedan hacerlo sin poner en riesgo su integridad.
Porque defender al periodismo significa también defender el derecho de la ciudadanía a estar informada, y esa tarea, iniciada en 2024, mantiene vigente el desafío de transformar la unidad gremial en una legislación que responda a las necesidades de quienes hacen de la información un servicio público.
